EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO

      EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

 

Reseña elaborada por:                        

M. en A.P. Ricardo Ugalde Ramírez

Si bien en Querétaro la educación publica ve sus primeras luces con la fundación de los Reales Colegios de San Ignacio de Loyola[1] y San Francisco Javier que, como señala  Fernando Díaz Ramírez, inician su labor en la enseñanza el 25 de febrero de 1778[2]; en estas instituciones jamás se pensó impartir estudios a nivel Licenciatura, por lo que quienes de ellas egresaban tenían que trasladarse al Colegio de San Ildefonso, en la ciudad de México, para cursar estudios de ese nivel y después poder aspirar a obtener el título de abogado ante los Tribunales de la Real Audiencia.

 Pasado el movimiento de independencia, con la intervención de José María Diez Marina del Solar, primer Gobernador Constitucional de Querétaro, el recién creado Congreso del estado expide la Ley del 4 de octubre de 1827, con la que se crea en Querétaro el Bachillerato en Derecho Canónico, que se cursaría en el Colegio de San Francisco Javier, y cuyas características eran idénticas a la que se llevaba en la ciudad de México,  al concluir sus estudios, los egresados sustentaban un examen final ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La vida de este primer esfuerzo dura casi cuarenta años, sin embargo, la inestabilidad del país, y del estado, producto de los constantes movimientos políticos y armados de la época, a la que se sumó la falta de recursos económicos para su sostenimiento, obligan a que en el mes de febrero de 1867 se cierre el Colegio de San Francisco Javier, y con ello, inevitablemente se clausuran los cursos de la licenciatura, terminando así una primera época de la enseñanza del Derecho en Querétaro. 

La segunda época inicia con la publicación de la Ley del 20 de noviembre de 1867, que da nacimiento al Colegio Civil del Estado, institución en la cual se estudiarían los bachilleratos y la carrera de abogado; el programa de estudios creado en este tiempo para esta carrera, la lleva más allá de la idea vigente en esos años, que señalaba a la profesión de abogado como una disciplina meramente práctica; su programa de estudios contiene ya materias teóricas de gran importancia aún en la actualidad.

El 4 de enero de 1876, se crea una nueva ley que obliga a aquellos estudiantes que pretendieran cursar la carrera de abogado a tomar un bachillerato especializado; el plan de estudios de la carrera también cambia y se disminuye su duración a cinco años

El 13 de enero de 1896 se expide en el Estado una nueva ley que acaba con los bachilleratos especializados y crea la Escuela Preparatoria, con ella se estableció un bachillerato general para todas las carreras, que se ajustaba a los ciclos del positivismo[3]; la profesión de abogado se cursaría en cinco años y se suprimiría de su plan de estudios la carrera de Notario, para la cual sólo se requería cursar los tres primeros años del plan de estudios.

Lucio Mendieta y Núñez narra que durante los primeros diez años del siglo XX se notó un cierto interés en varios estados de la República por el estudio del Derecho y sus problemas; en el caso de Querétaro –según nos señala- se sabe, por un informe de fecha 24 de septiembre de 1907, dirigido por el Lic. Pablo Macedo al Secretario de Educación Pública y Bellas Artes del País, que fue la Academia Queretana de Jurisprudencia la que se ocupó de estudiar la problemática que la disciplina presentaba en el estado.[4]

Los resultados de este trabajo los observamos en 1912, año en el que se expide la Ley número 7 de instrucción preparatoria y profesional del Estado. Con esta ley se modifica el plan de estudios de la licenciatura, se incorpora nuevamente a éste la carrera de notario, para la que se requería cursar hasta el tercer año del programa, lo que constituyó un retroceso[5]; este plan de estudios incluía, además de las materias tradicionales, las de Procedimientos Civiles Federales, Procedimientos Penales Federales y, nuevamente, la materia de Derecho Natural. Poca fue su fortuna, pues como consecuencia del movimiento revolucionario, la Escuela de Derecho y su sede, el Colegio Civil del estado, cierran sus puertas por Decreto del 27 de octubre de 1914, restableciéndose hasta el año de 1921, pero con un renovado plan de estudios, obra integra del Lic. José María Truchuelos.

 El 28 de marzo de 1918 surge en Querétaro, con aprobación del Congreso, la Escuela Libre de Derecho, cuya vida fue efímera, pero que también contribuyó al proceso de formación de la enseñanza del derecho en el estado; su plan de estudios era casi idéntico al del Colegio Civil del estado, con la distinción de que en él se incluían dos materias más: Derecho Romano y Prolegómenos del Derecho, que eran cursadas en el primer año de la carrera. Dos años más tarde, en 1920, la Escuela Libre de Derecho cerraría sus puertas para no abrirlas más.

 La Universidad de Querétaro es fundada el 24 de febrero de 1951 por tan solo tres escuelas: la Preparatoria, la de Ingeniería en la que sólo se impartían los dos primeros años, situación por la cual sus alumnos tenían que continuar el resto de la carrera en la Universidad Autónoma de México, y la Escuela de Derecho, en la cual se cursaba la carrera de jurisprudencia (Leyes). [6]

La carrera de jurisprudencia que ofrecía la Universidad de Querétaro era de cinco años; el plan de estudios  vigente en esa época fue resultado de una actualización hecha por el Lic. Fernando Díaz Ramírez al de 1927, y se estructuraba por veintiocho materias, entre las que se incluyan novedades como Segundo de Economía, Teoría General del Estado, Derecho Agrario, separando del Derecho Obrero al Derecho Procesal Obrero y dividiendo el estudio del Derecho Civil en cuatro años. Este plan de estudios sufre una modificación en 1957, año en el que se suprime de él la materia de Historia del Derecho Patrio.

Tras un paro estudiantil, en 1958 se logra la autonomía de la Universidad; en la Escuela de Derecho se agrega a la currícula la materia de Filosofía del Derecho, con lo que se da la primera modificación al plan de estudios de la Escuela de Derecho de la naciente Universidad Autónoma de Querétaro.

En el año de 1965, el plan de estudios sufre una nueva modificación, por lo que a partir de esa fecha se cursaron treinta y siete materias; en este plan de estudios se observa la substitución del prefijo 1°, 2°, 3° ó 4° de..., utilizado hasta entonces para la distinción de cada materia, por el uso de un número románico en las asignaturas; de igual forma, se aprecia que la materia de Garantías y Amparo correspondiente al cuarto año de la carrera, se dividió en dos asignaturas: Garantías, que se tomaba en el cuarto año, y Amparo, cursada a partir de entonces en el quinto año de la carrera; aparecen también las materias de Historia del Derecho en el segundo año, Notariado y Práctica Forense en el cuarto año de la carrera, Derecho Fiscal, Derecho Procesal Fiscal, Derecho Mercantil III y Práctica Forense en el quinto año.

El 22 de diciembre de 1966, siendo el Licenciado Jorge García Ramírez Director de la Escuela de Derecho, presentó ante el Consejo Universitario un proyecto de reorganización del plan de estudios, el cual, después de diversas aclaraciones, fue aprobado por unanimidad de votos para entrar en vigor a partir del año de 1967. Con esta reorganización, se agregaron dos materias más al plan de estudios, Historia de las Ideas Políticas en el primer año y II de Filosofía del Derecho en el quinto año, sumando treinta y nueve las materias que conformaban la currícula de la carrera de Licenciado en Derecho. Un rasgo destacado en este nuevo plan de estudios, es que en él se aprecia la semestralización de algunas materias a partir del tercer año de la carrera, siendo este quizá el primer ejercicio de este tipo realizado en el plan de estudios de la Licenciatura en Derecho.[7]

A partir de 1971 se observa una nueva modificación al plan de estudios; en ese año disminuye a treinta y siete la currícula de materias de la Licenciatura. Con esta modificación, la materia de Historia del Derecho pasa del segundo al primer año, Historia de las Ideas Políticas del primero al cuarto año, las materias de Práctica Forense I y II se limitan en una sola asignatura denominada Práctica Forense, lo mismo sucede con Filosofía del Derecho I y II que quedan comprendidas en la materia denominada Filosofía del Derecho, ambas cursadas en el quinto año de la carrera.[8]

En 1977 disminuye nuevamente la currícula de las materias que conforman el plan de estudios de la Licenciatura en Derecho, quedando integrado por treinta y tres asignaturas que se deberían de cursar para aspirar a obtener título de Licenciado en Derecho. En este plan de estudios se observa que las materias de Economía Política I y II, Derecho Romano I y II y Derecho Administrativo I y II se unifican en las materias denominadas Economía Política, Derecho Romano y Derecho Administrativo respectivamente, las dos primeras, se cursaban en el primer año de la carrera y la última mencionada en el tercer año; Derecho Fiscal y Derecho Procesal Fiscal también se unifican en una sola materia denominada Derecho Fiscal y Procesal Fiscal cursada en el quinto año de la carrera; la materia de Historia de las Ideas Políticas pasa del cuarto al primer año; a la materia de Teoría del General del Derecho se le cambia el nombre por el de Introducción al Estudio del Derecho, lo mismo sucede con las materias de Derecho Obrero y Derecho Procesal Obrero, a las cuales se les denomino Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral que era más acorde con el lenguaje de la época; desaparece la materia de Notariado y la de Práctica Forense y se crean las materias de Práctica Forense Civil y Práctica Forense Penal.

En 1982 se suprimen del plan de estudios las materias de Práctica Forense Civil y Penal, y la materia de Derecho Mercantil III, cambia su nombre por el de Derecho Procesal Mercantil, disminuyendo el plan de estudios de la Licenciatura en Derecho a treinta y un materias. El 17 de febrero de 1983, con la inauguración de su Posgrado en el Aula Forense, la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro cambia su nombre por el de Facultad de Derecho, nominación que conserva hasta nuestros dias.

1984 fue designado por el H. Consejo Universitario como “Año de la Evaluación y Superación Académica; con esta designación, se pretendía impulsar un cambio sustancial en la vida académica universitaria. La Facultad de Derecho acogió con agrado esta decisión y comenzó a desarrollar los trabajos necesarios tendientes a realizar las modificaciones que permitieran fortalecer sus bases institucionales; así, en ese mismo año, se integró la “Comisión de Evaluación y Superación Académica”, cuya labor consistía en recoger las inquietudes generadas hacía ya algunos años entre la comunidad de Maestros y Estudiantes de la Facultad de Derecho, quienes se manifestaban por la elaboración de un nuevo plan de estudios de la Licenciatura, que a su vez permitiera fortalecer a la recién creada División de Posgrado.

La seriedad con que se tomó el desarrollo de estos trabajos, permitió que en ese mismo año los resultados fueran palpables, pues se detectaron las deficiencias de contenido informativo, académico, práctico y estructural del plan de estudios que estaba vigente; así, y como resultado de estos trabajos, el 8 de mayo de 1984 se sometió a la consideración del H. Consejo Académico de la Facultad de Derecho la propuesta de un nuevo plan de estudios, cuyos criterios presentaban una serie de características tan importantes como las que a continuación se enuncian:

Se establecieron objetivos institucionales que determinaban la función educativa de la Facultad de Derecho, su vinculación con la sociedad y utilizando por primera conceptos como el de mercado de trabajo.

Se delimitó el perfil del Licenciado en Derecho que se formaría en la Facultad de Derecho, diciendo que éste debería responder a las necesidades del contexto social, político, cultural y económico de la nación, sin pretender con esto generar una dependencia entre la educación y el mercado de trabajo, rechazándose cualquier concepción utilitarista y mercantilista, típico de sistemas económicos exentos de los valores humanistas; de alguna forma, aunque con deficiencias metodológicas, se delimitaba también el perfil de egreso del Licenciado en Derecho. Un aspecto digno de señalar, fue la sistematización del plan de estudio, siendo propósito de la Comisión, que éste se ajustara a los requerimientos pedagógicos indispensables para dotar a la docencia de cientificidad, sistematización, objetividad y congruencia, con el que se diera seguimiento fiel a los objetivos que institucionalmente había adoptado la universidad, siendo éste la renovación y superación académica de directivos, profesores y alumnos de la Facultad de Derecho. Por lo que se refiere a los programas de estudio de las diversas asignaturas, se diseñaron objetivos generales que servían de base para el desarrollo de objetivos específicos con los que se pretendía quedara determinado el alcance del conocimiento  a que se refería cada materia            

Otra innovación importante fue el diseño un Modelo de Docencia Jurídica, en el que la educación se concibe como un proceso de enseñanza- aprendizaje de la ciencia del derecho, formativo y crítico, conjugando en él los aspectos teórico- prácticos, fomentando la investigación científica y en el cual el Maestro fuera un planificador y coordinador de estos fines.

En ese año, considerando la tendencia que se observaba en diversas Universidades Públicas y Privadas del país por semestralizar sus planes de estudio, la Comisión de Evaluación y Superación Académica planteó la posibilidad de que los cursos de la licenciatura en derecho fueran semestrales, sin embargo, se concluyó que este cambio no era conveniente en ese momento

Como característica importante del nuevo plan de estudios para la Licenciatura en Derecho, se incluyó la asignatura denominada Métodos y Técnicas de la Investigación Jurídica, que tiene por objetivo desarrollar en el alumno las habilidades básicas para la investigación jurídica; otra asignatura que se incluyó en este plan de estudios, fue la de Derecho Administrativo II, que tendría por objetivo estudiar lo relativo a las instituciones, patrimonio, y procedimiento administrativo, abriendo así una nueva área para el conocimiento de la función administrativa, pues estos elementos no eran objeto de estudio en los planes anteriores.

Se suprimieron las materias de Práctica Forense Civil y Práctica Forense Penal, pues se pretendía que el aspecto práctico fuera abordado por los propios docentes de la materia en el curso correspondiente; por lo que ve al las materias de Historia del Derecho y Sociología, se cambió el nombre de éstas por el de Historia del Derecho Mexicano y Sociología Jurídica, con lo que se pretendía dar un enfoque jurídico a estas disciplinas y, en el caso de la de Historia del Derecho Mexicano, se planteaba como objetivo analizar el origen y evolución del derecho positivo mexicano; de igual forma, cambiaron los nombres de materias como la de Derecho Procesal Civil I por Teoría General del Proceso, Garantías Individuales por Garantías  Constitucionales, Derecho Procesal Civil II por Derecho Procesal Civil, Medicina Legal por Medicina Forense, Derecho Laboral por Derecho del Trabajo I, Derecho Procesal Laboral por Derecho del Trabajo II.

Se reubicaron las materias de Derecho Penal I, Historia del Derecho Mexicano en el primer año y Derecho Romano y sociología Jurídica en Segundo año, Economía Política en tercer año, Derecho Administrativo I en cuarto año y Derecho Agrario pasó al quinto año, teniendo en consecuencia un reacomodo en las materias que llevaban una seriación progresiva a los años correspondientes. Como parte de la reorganización de las materias, Economía Política quedó seriada con Derecho Administrativo I y II y con Derecho Fiscal.

La carga de materias quedó distribuida en seis materias para el primero y segundo año y siete materias a partir del tercer año, argumentando para ello que, con los conocimientos adquiridos por los alumnos en los primeros años de estudio, les resultaría más fácil cursar los últimos tres años con la carga de materias asignada.

Este es quizá el esfuerzo académico más serio y comprometido que se ha realizado sobre el plan de estudios  de la Licenciatura en Derecho, pues además de la reorganización que se hizo, se plantearon de forma especifica objetivos generales por asignatura, en los que se establecían los enunciados que resultaban ser los más complejos para el estudio y comprensión de cada materia. Como resultado de este trabajo, el plan de estudios de la licenciatura quedó estructurado por 33 (treinta y tres) materias, mismas que fueron distribuidas por horas clase a la semana, cursándose algunas de ellas tres veces por semana en lapsos de una hora y el resto de manera diaria en cinco horas clase. 

El cuatro de junio de 1993, en sesión ordinaria del Consejo Universitario, se aprobó una nueva modificación al plan de estudios de la Licenciatura en Derecho, bajo los argumentos de que “...el abogado debe ser no solamente un técnico del derecho,  sino que debe tener también inmerso en su propio ser el ideal de justicia...”, además de que “...la ética personal o la moral común no son iguales a la ética profesional...”[9], el Consejo Académico de la Facultad de Derecho consideró pertinente agregar como materia obligatoria en la carrera de licenciado derecho la materia denominada Deontología Jurídica, para ser cursada en el tercer año; por otra parte, las materias de Derecho Agrario y Medicina Legal que eran obligatorias, pasaron a ser optativas junto con las de Derecho Bancario y Bursátil, Derecho Corporativo o de Propiedad intelectual, Informática Jurídica y Derecho Notarial y Registral, asignaturas las cuatro últimas de nueva inclusión, con las que se buscaba dar respuesta a las nuevas exigencias que estaban presentes en el entorno social en relación con la formación que deberían tener los egresados de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro.

 La más reciente modificación que sufriera el plan de estudios fue aprobada por el Consejo Universitario en su sesión ordinaria de fecha 26 de marzo de 1998. El argumento utilizado en esa ocasión para su reforma fue el de “...adecuarnos a los Planes y Programas de Estudio de todas las Facultades de Derecho y para tener revalidación de estudios a nivel nacional, tanto con la UNAM, como en aquellas con las que tenemos relación como la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santa Bárbara California”.[10]

De acuerdo al contenido del Acta de asamblea del Consejo Universitario, el nuevo plan de estudios fue objeto de diversas adecuaciones, con las cuales la materia de Historia de las Ideas Políticas que se cursaba en el primer año de la carrera desapareció como tal, pasando su contenido a formar parte de dos materias: Teoría del Estado y Derecho Constitucional, por lo que se refiere a la materia de Informática Jurídica, su contenido pasó a ser parte de la materia de Métodos y Técnicas de la Investigación Jurídica. Las modificaciones más trascendentes que observamos se realizaron al Plan de Estudios en este año son las siguientes: Las materias de Teoría General del Estado, Derecho Romano y Sociología Jurídica que se cursaban en segundo año pasaron al primer año y la materia de Deontología Jurídica que su cursaba en el tercer año, se coloca también como parte de las del primer año de la carrera, quedando intocadas las materias de Historia del Derecho Mexicano, Métodos y Técnicas de Investigación Jurídica e introducción al Estudio del Derecho. Por lo que se refiere a las materias de Derecho Civil I y Derecho Penal I que se cursaban en el primer año de la carrera, pasan a ser parte del segundo año, lo mismo sucede con las materias de Derecho Constitucional, Teoría General del Proceso, Derecho Económico y Derecho Internacional Público que se llevaban en el tercer año de la carrera y que pasan a formar parte de las materias del segundo año, quedando sin movimiento sólo la materia de Derecho Mercantil I. Derecho Civil II y  Derecho Penal II pasaron del segundo al tercer año, así como las materias de Garantías Constitucionales, Derecho Procesal Civil, Derecho del Trabajo y Derecho Internacional Privado que pasaron del cuarto al tercer año, la única materia que no sufrió movimiento alguno con relación al plan de estudios anterior para este año, fue la de Derecho Mercantil II. Derecho Civil III y Derecho Procesal Penal pasan del tercero al cuarto año de la carrera; Derecho de Amparo y Derecho del Trabajo II pasan del quinto año al cuarto; permanecen en este año las materias de Derecho Procesal Mercantil, y Derecho Administrativo, siendo creada para este año una materia optativa obligatoria, que puede ser: Derecho Constitucional Local, Derecho Electoral, Criminología, Medicina Forense, Derecho Comparado o Derechos Humanos. Por último, se observa que la materia de Derecho Civil IV que se cursaba en el cuarto año, pasa al quinto año de la carrera; Filosofía del Derecho, Derecho Fiscal y Derecho Administrativo quedan en ese mismo año como se encontraban en el plan de estudios anterior, con la salvedad de que la materia de Derecho Administrativo II cambia de nombre para denominarse Derecho Procesal Administrativo; se establece como obligatoria sólo una materia optativa para este año que podía ser Derecho Municipal, Derecho Penitenciario, Derecho Agrario, Derecho Notarial y Registral, Derecho Corporativo o Derecho Bancario y Bursátil; se crean además dos nuevas materias como parte del programa de estudios de la Licenciatura, Práctica Forense y Seminario de Investigación, las cuales se cursan en el quinto año de la carrera. De igual forma, se establece como requisito obligatorio para optar por el título de Licenciado en Derecho el examen de comprensión de Textos en Ingles,  que propiamente no es una materia pues no se cursa como tal en la Facultad de Derecho.

Este es el plan de estudios que en la actualidad se encuentra vigente en la Facultad de Derecho; saber si responde a las necesidades sociales del estado, la región y el país, es un reto al que sin duda habremos de enfrentarnos en este tiempo. Es claro, y como se observa en las distintas épocas de evolución de la enseñanza del derecho en Querétaro[11], que quienes se preocupan por formar profesionistas en esta disciplina, sean personas o instituciones, han procurado mantener una vigencia en cuanto a los programas educativos de la misma, buscando adecuarlos constantemente para dar respuesta inmediata a las nuevas y cambiantes circunstancias que rodean la enseñanza del derecho, disciplina que, como dijera en alguna ocasión Mario de la Cueva, se encuentra en constante expansión. 

 Las nuevas formas de mercado, comunicación, enseñanza-aprendizaje, interacción social, no solo entre los individuos sino también entre los estados, obligan a las Universidades a redimensionar la figura del estudiante del derecho. ¿Qué queremos de él?, ¿Cómo lo debemos formar?, ¿Para quién y para qué lo debemos formar? son sin duda algunas preguntas que comenzaran a buscar su respuesta en el presente inmediato; corresponde a la comunidad universitaria, jurídica y social de esta generación, la obligación realizar un análisis responsable y profundo sobre la enseñanza del derecho en el estado, pues sólo de esta forma podrá la Universidad Autónoma de Querétaro, y su Facultad de Derecho, cumplir con la responsabilidad que la sociedad queretana le ha encomendado: Actuar como agente de cambio y promotor social a través de sus tareas sustantivas.    


[1] Fundado formalmente el 20 de junio de 1625 por Don Diego de Barrientos y Rivera y por su esposa Doña María de Lomelin, es considerado como el primer antecedente de la actual Universidad Autónoma de Querétaro, al igual que el Colegio de San Francisco Javier, fue objeto de dos importantes remodelaciones, la primera realizada por Juan Caballero y Osio a finales del siglo XII y la segunda en 1755.

[2] DIAZ Ramírez, Fernando. La enseñanza del derecho en Querétaro, ediciones del Gobierno del Estado, Querétaro, México, 1974, pág. 9.

[3] Corriente antimetafísica, pragmática que en esos años permeaba fuertemente en el país, y que desde 1867 constituía un serio esfuerzo para mejorar la educación pública en México; esta corriente es resultado de la influencia que en la instrucción pública ejercieron las ideas de Gabino Barrada, ferviente seguidor de la escuela de Augusto Comte, las que penetraron hondamente en los procesos de reorganización de la enseñanza superior en el país durante la segunda mitad del siglo XIX.

[4] MENDIETA y Núñez, Lucio. Historia de la Facultad de Derecho, 2a. Edición, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1997, Pág. 163.

[5] La reapertura de esta carrera se realizó no obstante que se  había suprimido en el año de 1896, por considerar, acertadamente,  que la función del notario se desprende del Estado.

[6] Este nombre, al igual que el de Carrera de Abogado, aparecen indistintamente en los primeros títulos expedidos por la Universidad de Querétaro y por la Universidad Autónoma de Querétaro a los egresados de las primeras generaciones de la carrera.

[7] Para mayor referencia, se puede consultar en el archivo de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Querétaro, el acta de asamblea del Consejo Universitario celebrado el veintidós de diciembre de mil novecientos sesenta y seis en el salón de actos de la Universidad Autónoma de Querétaro, asamblea en la que en el punto IV de la orden del día se discutió el proyecto de reorganización del plan de estudios de la Licenciatura en Derecho, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos para entrar en vigor a partir del año de 1967.

[8] Fuente, Servicios Escolares 2002.

[9] Acta de asamblea la sesión ordinaria del Consejo Universitario celebrado a las once horas del día cuatro de junio de mil novecientos noventa y tres, en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez, sede del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la que en el punto VII de la Orden del Día se discutió la inclusión dentro del Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho de la materia de Deontología Jurídica y la implantación de materias optativas.

[10] Acta de asamblea la sesión ordinaria del Consejo Universitario celebrado a las once horas del día veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez, sede del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la que en el punto VI de la Orden del Día se discutió la aprobación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho.

[11] Véase el anexo que acompaña a esta reseña, y que contiene un cuadro que muestra la evolución que entre los años de 1827 a 1998 ha tenido el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho en el Estado de Querétaro.

 
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